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La Policía Nacional despliega a sus agentes especializados en seguridad y protección aérea

La Policía Aeronáutica se ocupa de que las actividades aeronáuticas privadas y deportivas se desarrollen en condiciones de seguridad, además de velar de forma especial por el control de la utilización de drones en el espacio aéreo de las ciudades y núcleos urbanos.

A partir del 1 de enero de 2021 comienzan a aplicarse de manera progresiva los nuevos reglamentos europeos para el uso de drones, en los que la colaboración ciudadana y la participación de los operadores profesionales, unida a la actividad de estos especialistas, será fundamental para la seguridad del espacio aéreo y de sus usuarios.

La Policía Nacional ha desplegado en las diferentes jefaturas superiores a los agentes especializados en seguridad y protección aérea que recientemente realizaron en el I Curso de Policía Aeronáutica y Seguridad Aérea, una formación especializada dirigida a los policías que asumirán las funciones de policía administrativa de aviación civil. Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública en general, y la seguridad aérea y operacional en especial, los agentes de seguridad y protección aérea han sido formados por expertos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AENA, ENAIRE, SENASA, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Ejército del Aire del Ministerio de Defensa, representantes del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y de diferentes unidades y especialidades de la Policía Nacional.

De esta manera la Policía Nacional materializa a nivel nacional el ejercicio de la competencia como Policía Aeronáutica, velando por que la aviación ajuste su actividad a las normas dictadas para su ejercicio por la Ley de Navegación Aérea, la Ley de Seguridad Aérea, el Reglamento de Circulación Aérea, el Real Decreto 1036/2017 que regula la utilización civil de drones, así como, por supuesto, la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal o el Código Penal, entre otras, en los casos que sea necesario para prevenir o perseguir infracciones administrativas o penales.