La Junta de Castilla y León mantiene su postura sobre la legalidad de la medida por lo que el toque de queda se mantiene vigente a las 8 de la tarde.
El Gobierno considera que la medida tomada es ``una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del estado de alarma definido en el Real Decreto 926/2020''.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León se mantiene firme ante la norma que impone que toda la población se encuentre es sus casas a las 20:00 horas. La Junta sostiene que la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y que la incidencia acumulada se ha multiplicado desde el 1 de enero. Esta decisión se encuentra amparada, según los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, ya que en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda, por un lado, la modificación de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria sobre la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno”.
Mañueco lamenta que el Gobierno de España "trate de obstaculizar" la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como "único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía".
Ante esto deberá ser el Tribunal Supremo quien determine si el presidente de la Junta posee la facultad o no de establecer este toque de queda que tiene a la población en sus casas desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la madrugada.
Sonia Sánchez
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