Adiós al impuesto de sucesiones en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la modificación de la norma que regula el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para conseguir su práctica supresión, cuantificada actualmente por la Junta en unos 35 millones de euros al año y que afecta a entre 5.000 y 15.000 contribuyentes.

El Partido Popular y Ciudadanos han contado con el apoyo del resto de grupos de la derecha autonómica: la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila (XÁv) y Vox, sumando 43 apoyos; mientras el Partido Socialista, Podemos-Equo y la procuradora no adscrita que fue de Ciudadanos, María Montero, han votado en contra.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que esta "no será la última bajada" de impuestos de la legislatura. Por otro lado, la procuradora socialista Rosa María Rubio Martín ha defendido que "pague más quien más tiene, más gana y quien más hereda". "Esta bonificación solo beneficia a los más ricos de la Comunidad", ha remarcado la también portavoz socialista en la Comisión de Economía y Hacienda.

"No beneficia al conjunto de los ciudadanos, solo a los ricos, a los que más tienen, a sus amigos", afirmó  Rubio en alusión a que la propia Junta plantea que se verán beneficiados directamente por esta bajada entre 5.000 y 15.000 contribuyentes, lo que equivale a entre el 0,2% y el 0,6% de la población.

¿A quién afecta este cambio? 

El impuesto quedará bonificado al 99% en su totalidad para familiares directos, cónyuges, ascendentes o descendientes y a las parejas de hecho con convivencia estable de al menos dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto. La inclusión de ambas bonificaciones supondrá "la práctica eliminación" del impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares directos.

Esta bonificación va a afectar entre el 0,2 y el 0,6% de la población, ya que solo beneficiará a entre 5.000 y 15.000 castellanos y leoneses, según las estimaciones de la Junta en base a los contribuyentes de 2018. Esto supondrá que las arcas autonómicas dejen de ingresar 35 millones de euros anuales (23 millones en 2021 porque no tendrá carácter retroactivo).