Decenas de ciudadanos y colectivos provenientes de la España vaciada se han presentado hoy en el congreso para presentar un plan de medidas para el desarrollo rural
La despoblación es un problema que afecta en España a millones de ciudades y pueblos que se están quedando abandonados debido a la diferencia de modernización que existe en los lugares españoles. Hay núcleos, como Madrid Barcelona, con un alto grado de industrialización y al que llegan miles de españoles al año huyendo de las carencias de sus municipios: la falta de servicios, la escasa oferta de ocio o de estudios, las inexistentes oportunidades laborales y la falta de inversión para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos son algunos de los motivos por el que muchas personas emigran de sus ciudades natales en busca de una nueva vida.
Por ese motivo, muchas zonas de España están quedando completamente despobladas, por lo que sus representantes y habitantes han decidido decir "Basta" este martes ante en Congreso de los Diputados y presentar 101 propuestas redactadas entre múltiples colectivos rurales para frenar la despoblación.
A este proyecto se le ha denominado Modelo de desarrollo de la España vaciada, y en él se reivindican infraestructuras modernas, servicios sanitarios avanzados, conexiones telemáticas dignas, beneficios fiscales, descentralizaciones y planes para actuar con las energías renovables, entre muchas otras medidas. Un ejemplo de sus reclamaciones es el plan 100/30/30, en el que piden una cobertura fija de internet de al menos 100 megas para luchar contra la incomunicación que sufren muchos pueblos. También solicitan que cualquier localidad esté a menos de 30 kilómetros de nudos de comunicación, tanto ferroviarios como de carretera, y a otros 30, como máximo, de servicios básicos como hospitales avanzados o centros educativos.
Las 65 plataformas, procedentes de 12 comunidades autónomas y 30 provincias, se han coordinado mediante mesas sectoriales, con Teruel Existe como altavoz, y reclaman un pacto de Estado que incluya destinar un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, a las políticas de “reequilibrio”. Además, piden cambiar el artículo 138 de la Constitución para que la despoblación se incluya como criterio de solidaridad entre territorios.
Las zonas despobladas tienen en los trenes un elemento básico para, según estas organizaciones, recuperar fuerza industrial, laboral y comercial. Los colectivos piden garantizar la “renovación integral” de las líneas convencionales y la adaptación a convoyes de alta velocidad, así como un mejor mantenimiento y conservación de las estaciones. También se ha puesto sobre la mesa la importancia de las energías renovables, y las asociaciones hacen especial hincapié en que se debe buscar la manera de extraerles el máximo rendimiento para los pueblos. Respecto al trabajo han afirmado que, cualquier nuevo proyecto que se realice, deberá contar, mínimo, con un 60% de mano de obra cercana y además pagar más cánones a las administraciones locales. Además, se reivindicará el autoconsumo, tanto para potenciar la economía local como para inmpulsar el trabajo en esas zonas.
Malena Sánchez
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