El Parlamento Europeo solicitó este jueves a la Comisión Europea dejar de ayudar económicamente a Hungría como una penalización ante las “leyes homófobas”. En una votación los países miembros acordaron exigir a la Comisión Europea retirar las ayudas al país al menos hasta que se verifique que los fondos no serán utilizados para coactar los derechos de la comunidad LGBTQI+.
El Primer Ministro, Viktor Orbán, se defiende asegurando que las nuevas leyes no tienen un carácter homófobo. Sin embargo, sus homólogos europeos no opinan lo mismo. La ley podría costarle al país su participación en el plan de recuperación frente al COVID-19 y otras ayudas que el país ya recibe de la Unión Europea. Subsidios que pueden llegar a suponer hasta el 60% de la inversión pública en el país.
El líder conservador señala que la nueva ley no plantea prohibir la homosexualidad o limitar a los mayores de edad en su orientación sexual, sino proteger la infancia y el derecho de los padres a educar a sus hijos como deseen. Para él, la “propaganda homosexual” no debe estar en los colegios o la televisión. Los jóvenes deben tener derecho a desarrollarse sin la influencia de los “activistas”.
La ley, que ha entrado en vigor en el país este mismo jueves, plantea la prohibición de hablar de homosexualidad en las escuelas, en los programas de televisión, en la publicidad o en cualquier plataforma accesible a menores. No obstante, una de las preocupaciones que atañe al Parlamento Europeo es la similitud de la nueva legislación con la que impera en Rusia contra lo que el país considera “propaganda gay”.
En Rusia los límites de la normativa contra la homosexualidad son difusos y a menudo no se sabe que puede ser considerada perjudicial para la infancia. Por ello, gran parte de la comunidad homosexual vive marginada. Esto, y que las conductas del líder húngaro, Viktor Orbán, continúen avanzando hacia la privación de más libertades son las principales preocupaciones de los países de la Unión Europea.
Adicional, esta no es la primera vez que el gobierno del país centroeuropeo ahonda en lo que la mayoría del territorio europeo considera una vulneración de los derechos del Colectivo LGBTQI+. A finales de 2020 el país aprobó una enmienda constitucional que prohibía a las parejas del mismo sexo adoptar y que identificaba el género como aquel que se asignada biológicamente. Excluyendo así de reconocimiento legal a las personas trans.
María Andrea Sandia Perdomo
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